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Published on 5 de octubre de 2015 | by MPG

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La Comunidad de Madrid condenada por negar a una pareja de lesbianas el tratamiento de reproducción asistida

La jueza de lo Social 18 de Madrid ha condenado al hospital de la Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad madrileña a indemnizar en casi 4.900 euros a una pareja de lesbianas por haber sido discriminadas por su orientación sexual al negárseles el acceso a un tratamiento de reproducción asistida.

La sentencia del Juzgado de lo Social se produce después de que Verónica y Tania denunciaran al Hospital de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid al ser excluidas del citado tratamiento. El hospital denegó a la solicitantes dicho tratamiento basándose en la Orden Ministerial aprobada por la ex ministra de Sanidad Ana Mato, que excluye a las parejas de mujeres del mismo sexo de esta prestación.

La sentencia, que condena por daños patrimoniales y morales tanto al hospital como a la Comunidad, prestadora del servicio, entiende que la orden ministerial aprobada por la entonces ministra Mato es de orden inferior a la Ley de Reproducción Asistida, de 2006,  donde se establece el derecho a los tratamientos de reproducción asistida, con independencia de la orientación sexual.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, celebra la sentencia del caso de Verónica y Tania, que ha sido defendido por Women’s Link Worldwide. Según informa la FELGTB en un comunicado, esta sentencia avala lo que la federación ha venido denunciando públicamente y es que la citada orden ministerial de la ex ministra Mato es “discriminatoria por excluir a las mujeres sin pareja varón de la reproducción asistida”.

Isabel Gómez, portavoz de FELGTB, afirma: “la igualdad y la no discriminación están por encima de la cerrazón de algunos miembros de este Gobierno que han querido imponernos un modelo único de familia. El Ministerio de Sanidad debe arreglar este desaguisado rápidamente y mientras tanto las Comunidades Autónomas que no lo estén haciendo deben volver a ofrecer los servicios a todas las mujeres, sin importar su orientación sexual o estado civil, o estarán contraviniendo la ley”.

 

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